Tema3 Contratos en el sector público

  ¿ Qué es un contrato público?

 El contrato público es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes es una Administración Pública cuando actúa como tal, y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la Administración.

Este contrato  esta cubierto por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Boe ley contrato de sector público

Este año, en esta ley ha habido diferentes novedades a través de  debates realizados en el Congreso de los Diputados. Los diferente cambios incorporados se dividen en tres ejes.

• Mejorar la eficacia  y la calidad a la hora de  acceder a los contratos. Teniendo en cuenta la calidad  y el precio.
• Realizar iniciativas, para la transparencia de los contratos.
• Incorporar nuevos sistemas de gobernanza.

Algunas medidas propuesta para cubrir estos ejes son:

•  Cumplir con los requisitos de contratación mínima de trabajadores con discapacidad  o que cuenten con un plan de igualdad.
• Tener un cumplimento de período de pago por parte de las empresas. Ya que si no se cumple  o hay  un retraso del pago se podrá incorporar una sanción .
•  En todo momento tiene que ver una  transparencia en la  información a la hora de realizar un contrato. 
• Realizar mecánicos eficaces que garanticen el cumplimiento del contrato.

Todo esto para llegar  a una serie de  objetivos que son:

•  Salvaguardar la correcta aplicación de la contratación pública.
•  Verificar que se apliquen con el máximo rigor las obligaciones y las  buenas prácticas de transparencia .
• Prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo las posibles prácticas de corrupción y conflictos de interés.
• Llevar a cabo el análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos.

Además de trabajar con la ley principal, también se han tenido en cuenta otra diferente ley:

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, y se completan con nuevas medidas como la obligación de división de las adjudicaciones en lotes, siempre que la naturaleza del contrato lo permita, y la simplificación de los medios para acreditar la solvencia técnica y financiera, destinada especialmente para los nuevos negocios.

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